El gran encierro: mendigos, vagabundos y gitanos bajo Luis XIV (1656-1693)

La voluntad de control social que caracterizaba la monarquía absoluta de Luis XIV no se ejerció solo contra la nobleza o los protestantes: apuntó también, con severidad creciente, a las poblaciones más desfavorecidas y más móviles del reino —mendigos, vagabundos, y en particular las comunidades gitanas, entonces designadas bajo el término «bohemios». Esta política, que encontró su expresión más dura en la ordenanza del 11 de julio de 1682, ilustra un aspecto menos conocido, y particularmente sombrío, del absolutismo de Luis XIV.

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🏥 Los orígenes: el Hospital General y el gran encierro

El dispositivo represivo contra la pobreza y el vagabundeo precedió en realidad al reinado personal de Luis XIV. El 27 de abril de 1656, unas cartas patentes crearon en París el Hospital General, que agrupaba varios establecimientos —la Salpêtrière, Bicêtre, la Pitié— cuya misión declarada era «prevenir la mendicidad y la ociosidad como fuentes de todos los desórdenes». No se trataba en absoluto de un establecimiento médico, sino de un instrumento de encierro destinado a resolver por la coacción el problema de los mendigos y de las «cortes de los milagros» parisinas, en lo que la historiografía ha llamado el «gran encierro de los pobres». Un edicto de 1662 generalizó esta práctica a todo el reino, y Luis XIV había de extenderla en 1693 a todas las ciudades de Francia, mientras un decreto anterior de 1666 apuntaba ya específicamente a los gitanos varones, condenados a ser arrestados y enviados a galeras sin proceso.

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⚖️ La ordenanza del 11 de julio de 1682

Esta política conoció su endurecimiento más radical con la declaración real del 11 de julio de 1682, dictada «contra los bohemios y quienes les den acogida», cuyo objetivo declarado era «purgar el reino» de «esta ralea maléfica». El texto imponía penas de una severidad extrema, diferenciadas según la edad y el sexo: todos los hombres gitanos, en todas las provincias del reino, debían ser condenados a galeras a perpetuidad —pena equivalente, dada la mortalidad extrema en las galeras reales, a una condena a muerte diferida; las mujeres debían ser rapadas públicamente y desterradas, bajo pena de azotes si persistían en «llevar la vida de las gitanas»; los niños debían ser arrancados de sus familias y encerrados en hospicios para ser educados en la religión cristiana, ruptura deliberada con su cultura de origen. Los nobles que les concedieran protección o empleo se exponían por su parte a la confiscación de sus dominios —disposición que aislaba jurídicamente a las comunidades gitanas de todo apoyo posible dentro de la sociedad estamental.

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⚓ Aplicación, resistencias y declive

La aplicación de esta ordenanza se topó sin embargo, en la práctica, con los límites estructurales de la administración del reino: la extensión del territorio, el desigual celo de los oficiales locales, y una cierta complicidad de las poblaciones rurales poco dispuestas a denunciar a vecinos o a visitantes de paso, limitaron sensiblemente su alcance real. Las comunidades gitanas desarrollaron estrategias de supervivencia basadas en la movilidad y la clandestinidad, escapando parcialmente a una represión cuya intensidad se fue relajando progresivamente a partir de la década de 1690, a medida que las guerras del reinado desviaban la atención y los recursos de la administración real hacia otras prioridades. Esta política no dejó de ser, sin embargo, en el plano de los principios, la expresión más acabada de un absolutismo que pretendía regir hasta los márgenes más móviles de la sociedad francesa, asimilando por la fuerza o eliminando pura y simplemente a toda población que escapara a su control.

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🧠 Para recordar

• El Hospital General, creado en 1656 y generalizado a todo el reino por el edicto de 1662, instituyó en Francia el «gran encierro» de mendigos y vagabundos como instrumento de control social más que de asistencia médica.
• Un decreto anterior de 1666 ya apuntaba específicamente a los hombres gitanos, enviados sistemáticamente a galeras sin proceso.
• La ordenanza del 11 de julio de 1682 endureció radicalmente esta política: galeras a perpetuidad para los hombres, rapado público y destierro para las mujeres, encierro forzoso de los niños en hospicios cristianos.
• Los nobles que protegían o empleaban a gitanos arriesgaban la confiscación de sus dominios, disposición que aislaba jurídicamente a estas comunidades de todo apoyo social.
• La aplicación de esta ordenanza siguió siendo limitada por la extensión del territorio y por la resistencia discreta de las poblaciones locales, antes de relajarse progresivamente a partir de la década de 1690 por efecto de las guerras del reinado.
• Esta política constituye una de las expresiones más duras del proyecto absolutista de control total de la sociedad, alcanzando hasta los márgenes más móviles del reino.