Francisco II: el rey efímero y los inicios de las guerras de Religión (1559-1560) · RENACIMIENTO
El edicto de Romorantin, firmado en mayo de 1560 tras la represión de Amboise, no se reduce a la simple frase que suele resumirlo: su preciso contenido jurídico y la acogida que recibió de los distintos bandos iluminan los límites de una política religiosa dividida entre la firmeza y el apaciguamiento.
El texto, firmado en Romorantin el 7 de mayo de 1560, operaba un traslado de competencia: los asuntos de herejía, hasta entonces juzgados por los tribunales seculares, pasaban en adelante a depender de los tribunales eclesiásticos. Para los clérigos, esta competencia se volvía exclusiva, salvo en casos de sedición o rebelión manifiesta, que seguían siendo competencia de la justicia real; las penas previstas —despojo de beneficios, excomunión, prisión— sustituían a la pena capital. Para los laicos, el juicio en primera instancia recaía igualmente en las oficialías episcopales, con apelación posible ante los obispos, salvo en casos de herejía obstinada asimilada a un crimen de lesa majestad divina. El edicto venía acompañado de medidas complementarias: censura reforzada de los libros reformados, prohibición de las escuelas y asambleas clandestinas.
Esta distinción, sutil pero cargada de consecuencias, no satisfizo plenamente a ningún bando. Los Guisa y los católicos más intransigentes la vieron como una concesión peligrosa, y frenaron su aplicación sobre el terreno mediante una interpretación restrictiva. El clero, aunque recuperaba una competencia de la que había sido despojado, se encontraba mal equipado para ejercerla: los tribunales eclesiásticos carecían de medios, personal cualificado y financiación para instruir eficazmente los procesos. Del lado protestante, la reducción del número de ejecuciones capitales fue acogida como una primera señal de apaciguamiento, sin que ello levantara la ilegalidad de hecho de la Reforma ni satisficiera la demanda de libertad de culto. Los parlamentos provinciales, apegados a su propia competencia en materia de herejía, opusieron una resistencia variable al registro del texto.
Al distinguir por primera vez, en el derecho real, el crimen religioso de la sedición propiamente dicha, el edicto de Romorantin anunciaba el espíritu de conciliación civil que el futuro canciller Michel de l’Hospital habría de encarnar pronto de manera más sistemática, hasta el edicto de enero de 1562 que concedía una tolerancia limitada a los protestantes. Pero este compromiso jurídico, demasiado tímido para unos y ya demasiado concesivo para otros, no logró frenar la dinámica de radicalización en marcha desde la conjura de Amboise, y se reveló en definitiva incapaz de evitar la escalada hacia la guerra civil.
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